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Jul
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EL PODER HISTÓRICO DE LAS OLIGARQUÍAS COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Autor // Administrator

Ponencia preparada para el X Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011.
Título de la ponencia: “EL PODER HISTÓRICO DE LAS OLIGARQUIAS COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Nombre y apellido del autor: Diego Emiliano Villazón
Institución: Fundación Saltamérica - Instituto de Estudios Comparados en Derechos Humanos de Latinoamérica.
Cargo o función desempeñada: Director responsable.
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Área temática a la que se presenta el resumen: Área Instituciones Políticas.
Sub-área temática a la que se presenta: La justicia como institución política.
RESUMEN
La autoridad pública es un área vital de la existencia social, quien se apropia de esta categoría ejerce poder. La administración de justicia, federal o provincial, como parte de esa autoridad pública, es un territorio pasible de apropiación. Las oligarquías, funcionales a todo poder imperial que operó en Argentina y que conocen este valor estratégico, históricamente han colocado ese mecanismo de apropiación en funcionamiento.
Esto presenta un universo integral: estético, burocrático y ético, que trae como consecuencia la elección e imposición de los Jueces para la Nación que deben fortalecer ese poder. Las oligarquías, atentan y obstaculizan el pleno ejercicio de los DDHH, sobre todo de aquellos que se encuentran fuera de su sistema de intereses. Urge iniciar una tarea consistente en una reconstrucción intercultural que respete y sintetice el encuentro con un verdadero derecho plurinacional. En este trabajo, abordaremos algunos aspectos de esta problemática.
PALABRAS CLAVE
AUTORIDAD PÚBLICA; BUROCRÁTICO; DERECHO PLURINACIONAL; ESTÉTICO; ÉTICO; OLIGARQUÍA; PLENO EJERCICIO DE LOS DDHH; PODER; RECONSTRUCCIÓN INTERCULTURAL; TRIBUNALES ARGENTINOS; UNIVERSO INTEGRAL.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se elaboró con el respaldo institucional de la Fundación Saltamérica, más precisamente desde el Instituto de Estudios Comparados en Derechos Humanos de Latinoamérica que funciona en dicha institución y del cual soy Director responsable.
El desarrollo argumental se basó en la presentación de los temas desde lo que Immanuel Kant llama el conocimiento empírico -aquel que procede de la experiencia y comienza con ella- apoyado en un razonamiento inductivo completo, mediante el cual se plantea una opinión que gira en torno a considerar que el pleno desarrollo de los Derechos Humanos encuentra un verdadero obstáculo en el sistema de intereses que representa al poder oligárquico provincial y nacional, que habiéndose apropiado históricamente de la autoridad pública de la administración de la justicia -federal o provincial-, actúa en consecuencia.
La cuestión planteada girará en torno a lo mencionado en el párrafo anterior. Seguramente, la solución de dicha problemática no será ni inmediata ni sencilla, es más, requerirá mucho empeño desde lo político y desde lo institucional. Empero, consideramos que actualmente existen suficientes instrumentos institucionales para lograr solucionar la cuestión planteada, entre los cuales podemos mencionar los Consejos de la Magistratura -nacionales o provinciales-, las Legislaturas Provinciales y el Congreso Nacional.
Como consecuencia de lo expresado, afirmamos que en el actual cuadro de situación, solamente pueden atravesar desde un estado de derecho (común a todos los ciudadanos por su natural condición de tales) hacia un estado de justicia (al que aspiran todos los ciudadanos que recurren a la justicia, desde el momento en que ésta los transforma en justiciables) aquellos que se encuentran dentro del círculo exclusivo que encierra el sistema de intereses antes mencionado.
Las secciones de las que se compone este trabajo son las siguientes: La autoridad pública; el poder administrativo y el poder fáctico; el poder histórico de la oligarquía argentina; el universo integral -estético, burocrático y ético- de muchos tribunales argentinos; el pleno ejercicio de los derechos humanos; la reconstrucción intercultural de un derecho plurinacional.
LA AUTORIDAD PÚBLICA
La palabra autoridad, que proviene del término latino auctoritas, a los fines del presente trabajo y con el adjetivo calificativo pública, debe entenderse en términos sociológicos, o sea como la institucionalización del poder. Así, como poder político, la autoridad pública es la facultad de obligar eficazmente a los miembros de una comunidad a cumplir ciertos deberes y aceptar ciertas reglas. Como tal, esta categoría tiene las siguientes características: 1) se relaciona con la moral; 2) implica la posibilidad de un ejercicio coactivo; 3) en sus más altos niveles, ejerce supremacía sobre los demás miembros de la comunidad; 4) es organizada; 5) tiene la facultad de dictar normas jurídicas.
Coincidiendo con Aníbal Quijano, decimos que: “…toda la experiencia social de todas las gentes, en todas partes y en todos los tiempos, da cuenta de que hay siempre una continua disputa por el control de ciertas áreas vitales de la existencia social: 1) El trabajo, sus recursos y sus productos, 2) El sexo, sus recursos y sus productos, 3) La subjetividad, sus recursos y sus productos, 4) La autoridad colectiva (o pública ), sus recursos y sus productos” (Quijano, Aníbal. Poder y Derechos Humanos). (Material no paginado)
Junto al autor citado, podemos decir que esta categoría se presenta como un territorio pasible de apropiación dentro de la comunidad y que quienes logran apropiarse de ella, ejercen lo que los romanos denominaban la potestas (poder político institucionalizado).
En relación a los modos de ejercer el control antes referido, claramente Quijano expresa: “El control se ejerce, primero, sobre las conductas, luego sobre las instituciones y las estructuras. Esto es, unos imponen sobre otros las conductas y las relaciones correspondientes y ganan de ese modo el control de una o más o todas esas áreas de la existencia social”. (Quijano, Aníbal. Poder y Derechos Humanos). (Material no paginado)
En la presente ponencia, sostenemos que el poder oligárquico argentino ejerce un control directo (designación sin Concurso Público de Antecedentes y oposición, imponiendo jueces ad hoc a perpetuidad, inclusive una vez finalizado un Concurso Público) e indirecto (designación mediante Concursos Públicos donde el mecanismo de ternas que genera una evidente discriminación) sobre la Institución Justicia, mediante la apropiación de la potestas decisoria, ya sea en el ámbito de la justicia federal o provincial, lo cual se puede apreciar claramente en cuanto a los mecanismos de designación de Magistrados, Funcionarios y Empleados del ámbito judicial.
EL PODER ADMINISTRATIVO Y EL PODER FÁCTICO
¿Qué es el poder? ¿Dónde se encuentra? ¿Existen, dentro de nuestra sociedad sectores estratégicos de poder pasibles de apropiación?
El primer interrogante planteado, es muy difícil de responder, al menos desde la extensión de un trabajo como el que aquí se presenta, no obstante haremos frente al desafío.
La palabra Poder, que etimológicamente proviene del término latino posse, cabe identificarla con diversas categorías conceptuales, según el área de análisis escogida.
Para la filosofía política, el Poder es la capacidad que tiene un individuo o grupo de modificar la conducta de otros individuos o grupos.
En consecuencia, puede decirse que dicha palabra se identifica con los denominados estamentos de poder -Ej: justicia, gobiernos, parlamentos, oligarquías, fuerzas de seguridad, corporaciones religiosas, empresariales y sindicales-. En esta identificación se mezclan por un lado el poder administrativo (o formal) y el poder fáctico (o real).
Primero el filósofo griego Aristóteles -en su reconocida obra titulada Política- y luego el célebre Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu -en su reconocida obra titulada Del espíritu de las leyes-, han dividido al poder estatal en tres secciones. Inclusive, el segundo de ellos nos ha enseñado que la Administración de Justicia está en manos del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes administrativos sobre los cuales se asienta una República.
Las oligarquías ejercen sobre ese poder administrativo en particular, un poder fáctico, que de acuerdo a lo que indica el Diccionario de la Real Academia Española es: “El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee; p. ej., la banca, la Iglesia, la prensa”.
Al segundo interrogante, conforme ya hemos expresado, podemos responder que el poder se encuentra en los diversos estamentos de nuestra sociedad, pero siguiendo a Michel Foucault, decimos además que es necesario indagar ¿por qué medios se ejerce el poder? y además, ¿qué sucede cuando los individuos ejercen el poder sobre otros?
El autor mencionado enseña al respecto que: “…lo que caracteriza al poder que estamos analizando es que este pone en juego las relaciones entre los individuos (o entre grupos). Para no engañarnos a nosotros mismos, si hablamos de las estructuras o los mecanismos del poder, es sólo en tanto suponemos que ciertas personas ejercen el poder sobre otros”. (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).
En cuanto al tercer interrogante, respecto a las estrategias de poder, coincidimos con Foucault en que: “La dominación es de hecho una estructura general de poder de la cual sus ramificaciones y consecuencias pueden, a veces, aparecer descendiendo a las más incalcitrantes fibras de la sociedad. Pero al mismo tiempo, es una situación estratégica más o menos apropiada de hecho y consolidada por medios de una confrontación a largo plazo entre adversarios” (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).
Asimismo, coincidimos en que: “…lo que constituye a la dominación de un grupo, una casta, o una clase, junto a la resistencia y revueltas que esta dominación encuentra, un fenómeno central de la historia de las sociedades, es que el entrecruzamiento entre las relaciones de poder con relaciones de estrategias y los resultados procedentes de su interacción se manifiestan en una forma masiva y universalizada”. (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).
No obstante las coincidencias apuntadas, nos permitimos agregar que a nuestro modo de ver, la oligarquía argentina es precisamente quien históricamente se ha apropiado del sector estratégico de la autoridad pública que denominamos administración de justicia y que forma parte del presente análisis. Y decimos que la denominamos administración de justicia, porque consideramos que deberíamos llamarla administración del derecho, pues siendo la Justicia una virtud, difícilmente pueda ser administrada por algún ser humano, independientemente del hecho de ser este ciudadano considerado idóneo mediante la titulación de abogado y -en el mejor de los casos-, la calificación que significa haber obtenido el cargo mediante concurso público de antecedentes y oposición.
EL PODER HISTÓRICO DE LA OLIGARQUÍA ARGENTINA
La palabra oligarquía, que etimológicamente deriva de los términos griegos oligos -poco- y arché -poder-, ya nos trae una referencia clara acerca del significado de la categoría analizada.
Los griegos diferenciaban esta forma de poder concentrado en unos pocos ciudadanos privilegiados, de otras similares tales como la aristocracia nobiliaria -donde el poder deriva del nacimiento- o la aristocracia gubernamental -donde el poder deriva de ciertas cualidades sobresalientes de los gobiernos-.
Platón y Aristóteles -este último en su obra Política- consideraban a la oligarquía como una desviación de la aristocracia que tenía en cuenta sólo el interés particular de los ricos. Inclusive, que podría devenir en una tiranía.
Nuestro país, históricamente ha sabido de la presencia del poder oligárquico y del accionar de éste en favor de sus exclusivos intereses por encima de los intereses del conjunto de la sociedad.
A modo de primer ejemplo y en el espíritu de homenajear a quien sin dudas es un verdadero héroe de la emancipación nacional y suramericana, vale traer a colación lo que relata el escritor salteño Gregorio Caro Figueroa en su libro Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas- respecto a cómo fue que el poder oligárquico salteño logró quitarse de encima al General Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, cuando bajo el título “La oligarquía asesina a Güemes” relata que: “La oligarquía se hallaba resentida porque sus intereses económicos habían sido tocados y sólo ansiaba una paz que le permitiese volver a comerciar y engordar y para ello había que terminar con la obstinada actitud del jefe gaucho.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 65).
Las razones del odio visceral que le generaba la figura del héroe gaucho al poder oligárquico, se pueden apreciar claramente en esta parte del citado texto: “…Güemes elaboró su Fuero Militar de los Gauchos, que comenzó a aplicarse a partir de 1.818. Mediante este ‘Fuero’, el gobierno eximía de la obligación del pago de arriendos a los gauchos en pie de guerra. Estaban, además, exentos del pago de deuda de cualquier especie. Tal medida provocó la violenta reacción de los propietarios, ahondándose el abismo que mediaba entre ese sector y el gobernador”; “La oligarquía rechazaba el ‘Fuero gaucho’ y por boca de un opositor a Güemes sostenía que tal disposición ‘despojaba a la gran mayoría de los propietarios de la provincia de sus bienes (pues mediante él) se dispensó a los gauchos de pagar arriendo a los propietarios de las tierras que ocupaban.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 65/66).
En relación a la funcionalidad de la oligarquía salteña respecto al enemigo imperial y referido a la metodología utilizada para lograr su cometido, el citado autor relata que: “Dos conspiraciones, en 1.817 y otra mayor en 1.819, preanunciaban un golpe artero de esos intereses. En ambas ocasiones Güemes desbarata las maniobras y comprueba que en ellas hallábanse mezclados intereses que conectaban directamente a la oligarquía con los españoles.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 67).
El preludio del final anunciado para el héroe Güemes, es relatado en éstos términos en el libro ya citado: “Esos intentos cuajarán solamente cuando Güemes, fuera de la ciudad por el conflicto con la República del Tucumán, deja el gobierno. Los cabildantes de la Patria Nueva en la creencia de la derrota militar del caudillo y su posible muerte desbordaron en valentía y arrojo combativo, que se contrajo tímidamente cuando Güemes al frente de sus tropas desbarató la intentona de los ‘comerciantes’. Dicha rebelión fue encabezada por Dámaso de Uriburu, y nombró por Gobernador Intendente a Saturnino Saravia, siendo comandante general de armas Antonio Fernández Cornejo.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 68).
Para graficar el estado de ánimo exultante de la oligarquía en aquel momento, el autor relata: “…en carta a Bernabé Aráoz ‘sacudió en fin esta provincia el abominable yugo del cruel Güemes, monstruo entre tiranos a esfuerzos de sus incontrastables sentimientos. Tanto arrojo verbal no se correspondía con los hechos. Al entrar Güemes a la ciudad el pueblo saludó su presencia, lo cual bastó para que la conspiración institucionalizada por algunas horas cayese como castillo de naipes.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 68).
En cuanto a la emboscada que sufre el héroe gaucho, relata el autor que: “La oligarquía se aliaba con Olañeta, el coronel Arias propone en una carta ‘hacer las paces con los españoles en la primera vez que cargue el enemigo, nos presentamos todos e imploramos perdón al Rey”; “Olañeta se aproximó a Salta y con la ayuda de emigrados salteños sorteó escollos, se introdujo por ocultos atajos y cayó sobre la ciudad con una cautela que hizo imperceptible su presencia, un pequeña partida cobijada por la espesura de la noche se había apostado en las cercanías de la casa donde Güemes se hallaba, siendo baleado es noche del 7 de junio. Diez días después caía el jefe gaucho en un campamento cercano a la ciudad. Toda la oligarquía se regocijaba por el crimen. Los porteños también…”  (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 69).
Cabe preguntarnos entonces, si los intereses oligárquicos pudieron atreverse a asesinar a un Gobernador y héroe de la altura del Gral. Martín Miguel de Güemes (actitud magnicida que luego se repetiría con otro ilustre salteño como ha sido el Dr. Miguel Ragone, único Gobernador argentino desaparecido previo a la última dictadura cívico-militar argentina y cuyo Juicio Oral recién se está llevando a cabo en estos días, luego de treinta y cinco años de su desaparición con presunción de muerte) ¿qué puede esperar de esos administradores de justicia aquel ciudadano carente de recursos y excluido del sistema de intereses que protege la oligarquía y mediante el cual ejerce, entre otros, el poder de la administración de la justicia federal y provincial?. REALMENTE MUY POCO O NADA.
Un segundo ejemplo acerca de la presencia histórica del poder oligárquico en nuestro país, lo podemos encontrar junto a Juan José Hernández Arregui, quien en su libro La formación de la conciencia nacional, expresa que: “El poderío de la oligarquía terrateniente no es exclusivamente material. Su  influencia es más bien impersonal. Penetra como un pólipo todas las instituciones -económicas, jurídicas, educativas, políticas, financieras, religiosas, militares- y así, este poder incorpóreo impregna y unifica alrededor de su centro organizador, la estancia, la espiritualidad de toda la Nación. La fuerza de la oligarquía radica en que como minoría empedernida tiene espíritu de cuerpo. Su conciencia es cerrada; su liberalismo, la máscara fría de su soledad histórica, de la intolerancia frente a todo lo que amenaza su estilo de vida.” (Hernández Arregui. La formación de la conciencia nacional, p. 49).
Un tercer ejemplo y más actual en cuanto a lo que estamos tratando, lo podemos encontrar en el libro: 1976 - El golpe civil, de Vicente Muleiro, quien en diversas partes de su obra destaca el nexo entre el poder real y la oligarquía en nuestro país.
En referencia a la presión desestabilizadora o histórica actitud destituyente que puede ejercer este poder oligárquico, el autor se remonta a los años 70’s y menciona que: “La confluencia patronal ampliada -la APEGE- se presentó en público con el pronunciamiento de 1.975. Allí decía que: ‘la Nación está travesando una de las más graves crisis de la historia’ y condenaba la ‘inflación desenfrenada, desabastecimiento, virtual cesación de pagos en el sector externo, quiebra empresaria, desocupación, paralización de la inversión y, sobre todo, una gangrena corruptiva que invade todas las expresiones de la relación social argentina’ ante lo cual se imponían ‘soluciones genuinas, fundadas en normas de conducta económica que tienen universal e invariable validez’…El 22 de octubre apareció otra nota donde la puntualidad de los reclamos comenzó a evidenciar las líneas del futuro plan dictatorial, con pedidos de ‘recortes al gasto público’, potestad a los productores para fijar los precios del agro, revisión del esquema impositivo y una nueva ley de inversiones extranjeras” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 129).
Como para trazar un paralelismo reincidente entre la porción de historia que antecede y lo que ocurrió en nuestro país en el año 2.008, durante el mal llamado conflicto con el campo -que técnicamente fue un lock out o paro patronal-, cabe resaltar que desde el 3 de marzo de 1.975, las entidades agropecuarias hicieron cinco paros nacionales y que éstas entidades -luego miembros constitutivos de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias- fueron las siguientes: Sociedad Rural Argentina (S. R. A.), Confederaciones Rurales Argentinas (C. R. A.), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Con. In. Agro.) y Federación Agraria Argentina (F. A. A.). El último de estos paros nacionales se realizó el 16 de febrero de 1.976. El plan más trágico que haya sufrido nuestro país ya estaba en marcha. O sea ayer y hoy, la oligarquía nacional tuvo y tiene la misma actitud desestabilizadora.
Respecto a la participación activa de la oligarquía en las corporaciones de poder y en cuanto al tema específico de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país a partir de 1.976, al referirse al Colegio de Abogados de Buenos Aires, el autor citado menciona que: “El Colegio de Abogados de Buenos Aires, que tuvo entre sus presidentes a Durrieu (2005) y tiene, entre otros, a Rodríguez Varela como socio, se despertó en 2008 con una abundante producción panfletaria contra el modelo económico que rige desde 2003 y contra la política de derechos humanos. En esta línea no cesa de pedir, como veremos en otras instituciones afines, que ‘las figuras internacionales como lesa humanidad deben aplicarse con cautela y objetividad para evitar que se conviertan en herramientas ideológicas de venganza o funcionales a la lucha política”. (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 361).
EL UNIVERSO INTEGRAL -ESTÉTICO, BUROCRÁTICO Y ÉTICO- DE MUCHOS TRIBUNALES ARGENTINOS
El libro de Eduardo Sacheri titulado La pregunta de sus ojos, que diera lugar a la película argentina ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el año 2.010, dirigida por el argentino Juan José Campanella, titulada El secreto de sus ojos es la representación más acabada de la estética que actualmente se encuentra en la mayoría de los Tribunales Federales de nuestro país.
En cuanto a esta estética particular que exhibe el Poder Judicial de la Nación en nuestro país y referido al tema específico de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país a partir de 1.976, Vicente Muleiro, en su libro 1976 - El golpe civil, relata que: “En varias regiones del país el juego social conservador, la cualidad de intocables de las ‘buenas familias’ que suelen integrar los jueces, la complicidad y la inacción de los fueros de raigambre autoritaria, parecían hacer imposible el juzgamiento, siquiera, de casos emblemáticos donde algunos jueces se comportaron con una ferocidad que negaba de plano su profesión mediatizadora de los conflictos humanos.” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 367).
De manera acertada y contundente, el autor citado resalta que: “Con los juicios, las redes de la participación civil en delitos de lesa humanidad y en delitos económicos se abren. De un modo incontrastable, el Poder Judicial es el que aporta más cómplices, sacando a relucir una de las deudas mayores que la democracia acumulaba consigo misma, aún cerca de las tres décadas de su recuperación. La extensión de los juicios a gran parte del territorio nacional seguirá demostrando esta propensión estrictamente emparentada con el mal en la Argentina.” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 371).
EL PLENO EJERCICIO DE LOS DDHH
Sin intentar dar una definición acabada acerca de lo que son los Derechos Humanos -pues reconocemos que tal tarea excedería los límites de este trabajo-, podemos decir que la categoría engloba un conjunto de facultades, atribuciones y prerrogativas de las que somos sujetos activos los seres humanos por nuestra natural condición de tales y de la que son sujetos pasivos -en mayor medida- los Estados y -en menor medida- el resto de las personas que coexisten con nosotros en cada sociedad.
A modo de mención, podemos decir que tales facultades, se encuentran clasificadas en doctrina en dos grandes segmentos: el primer segmento los clasifica en derechos positivos (mediante los cuales se les impone a otros sujetos, tradicionalmente -aunque ya no de manera exclusiva- el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Ej.: Derecho a la integridad personal; Derecho a la igualdad; Derecho al honor; Derechos económicos, sociales y culturales; entre otros) y derechos negativos (que se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia. Ej.: Derecho a la intimidad; Derecho al honor; Derecho a la libertad personal; Derecho a la libertad de religión; Derecho a la libertad de propiedad; Derecho a la libertad de pensamiento y expresión; entre otros). El segundo segmento los clasifica generacionalmente (según el momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación). Así, se pueden encontrar hasta cinco generaciones de Derechos Humanos, a saber:
Derechos Humanos de primera generación: son los denominados derechos civiles y políticos (vinculados con el principio de libertad). Se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada;
Derechos Humanos de segunda generación: son los denominados derechos económicos, sociales y culturales (vinculados con el principio de igualdad). Exigen la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones. Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación;
Derechos Humanos de tercera generación: Se vinculan con la solidaridad (o fraternidad). Algunos de ellos son: a) paz, b) libre determinación de los pueblos, c) calidad de vida, d) garantías frente a la manipulación genética;
Derechos Humanos de cuarta generación: Su contenido no es claro. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta: a) derecho al medio ambiente, b) bioética, c) nuevas tecnologías;
Derechos Humanos de quinta generación: Relativos al control del cuerpo y la organización genética de uno mismo.
Hablar de la plenitud de un derecho es algo que se encuentra estrechamente ligado a las posibilidades de su ejercicio efectivo, de lo contrario, tórnanse meras declamaciones teóricas. Conforme nuestra Constitución Nacional, todos los ciudadanos tienen el derecho del acceso a la justicia en defensa de sus intereses -personales o patrimoniales-, pero en la praxis no todos pueden ejercer efectivamente ese derecho. Pensemos en las minorías -indígenas, rurales, sexuales, etarias, de residentes extranjeros, etc.- que muchas veces no tienen ni las posibilidades económicas ni educativas de llegar hasta donde está la Justicia. El hecho de residir en lugares distantes de los centros urbanos donde se ubican los Tribunales del Poder Judicial -federal o provincial-, puede aparecer como un ejemplo muy sencillo de explicar, pero no por ello, menos contundente. Otro ejemplo, está dado por la inmensa brecha social existente entre estas minorías y la estética propia de los Tribunales -federales y provinciales-, que las aleja aún más del lugar donde está la Justicia. Estas circunstancias mencionadas a modo de sencillos ejemplos, sin dudas generan ciudadanos de primera y de segunda clase.
Por ello afirmamos que el pleno ejercicio de los Derechos Humanos no siempre se materializa, no obstante que los mismos puedan tener -en el mejor de los casos- rango constitucional e inclusive protección internacional.
Nuestro país, más allá de los innegables avances en materia de políticas reparatorias iniciados desde el año 2.005 por lo que significan los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, se encuentra en una mala posición ante los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no solamente esa deuda pendiente existe en nuestro país en materia de Derechos Humanos.
Coincidimos con Samuel Pinheiro Guimarães, quien en su artículo titulado Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder, de febrero de 2.006, manifiesta que: “La concentración de poder de cualquier tipo, a veces simultánea, en varias esferas e interdependiente, consagrada por la legislación, contra ciertos grupos de la población, reforzaron históricamente su situación de inferioridad y despojo y las diferencias entre individuos y grupos sociales. Se crearon así los estereotipos que contribuyeron a justificar y a perpetuar la discriminación y la concentración de poder, inclusive en el imaginario de los propios oprimidos, legitimando las violaciones de los derechos de estos grupos y la impunidad de los violadores. La violación de los derechos humanos no es una cuestión de educación o de cultura de las poblaciones, como lo comprueba el caso de la Alemania nazi, sino que resulta de la tentativa de crear, aumentar o mantener situaciones de privilegio, que la concentración de poder permite usufructuar a sus beneficiarios.” (Pinheiro Guimarães. Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder. Material no paginado).
También lo hacemos respecto a lo que expresa este autor en los siguientes términos: “En el pasado y aún en el presente, la legislación consagró situaciones discriminatorias porque la concentración de poder político hacía que los legisladores fuesen, en su mayoría, representantes de los grupos que concentraban el poder económico y social. Los beneficios de la concentración de poder se traducen en las normas y en las instituciones que constituyen el Estado. La ley y el Estado contribuyen a la citada concentración, la cual, dada la situación inicial de extraordinarias disparidades, tiende a acentuarse en perjuicio de los grupos oprimidos, a pesar de que individuos aislados pueden ascender socialmente y escapar de esa situación. Esto es utilizado como prueba por las teorías de la movilidad social y de la educación como solución. Por otro lado, los que estuvieron encargados de implementar tal legislación fueron y continúan siendo igualmente elegidos por el proceso político, en el cual los beneficiarios de la concentración de poder tienen una gran o prevaleciente influencia.” (Pinheiro Guimarães. Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder. Material no paginado).
En la actualidad, la promoción y protección de los Derechos Humanos está llamada a abarcar no solamente las violaciones individuales a estos derechos, sino también a reivindicar las políticas reparatorias y de castigo mediante la instauración de verdaderas políticas públicas de desconcentración del poder, en sus diversas manifestaciones.
También coincidimos con Pinheiro Guimarães en que así como se han creado mecanismos legales de evaluación de proyectos productivos para verificar, antes de ser implementados, su impacto ambiental, sería razonable establecer que las políticas públicas sean sometidas a un proceso de evaluación de impacto sobre los derechos humanos, cuando son formuladas y antes de su implementación.
RECONSTRUCCIÓN INTERCULTURAL DE UN DERECHO PLURINACIONAL
En relación al concepto de plurinacionalidad, coincidimos con Baoventura de Souza Santos cuando en su artículo La reinvención del Estado y el Estado plurinacional nos enseña que: “La idea de plurinacionalidad es hoy consensual en bastantes estados del mundo. Existen bastantes estados plurinacionales. Canadá es plurinacional, Suiza es plurinacional, Bélgica es plurinacional. Históricamente hay dos conceptos de nación. El primero es el concepto liberal que hace referencia a la coincidencia entre nación y Estado; es decir, la nación como el conjunto de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado y, por ende, los Estados modernos se llaman Estado-nación: una nación, un Estado. Pero hay otro concepto, un concepto comunitario no liberal de nación, que no conlleva consigo necesariamente al Estado. Por ejemplo, los alemanes fueron en Europa central y oriental durante mucho tiempo una nación sin Estado, porque su identidad era una identidad cultural y no política. Aquí podemos ver que esta segunda tradición de nación, la tradición comunitaria, es la que han desarrollado los pueblos indígenas. Este concepto de nación conlleva un concepto de autodeterminación, pero no de independencia. Nunca los pueblos indígenas han reivindicado, ni en el mismo Canadá, la independencia…” (Santos. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional, p. 8 -OSAL 31-).
En cuanto a la interculturalidad, también coincidimos con Baoventura de Souza Santos cuando expresa que: “La interculturalidad tiene esta característica que no es simplemente cultural, sino también política, y presupone, además, una cultura común. No hay interculturalidad si no hay una cultura común, una cultura compartida.” (Santos. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional, p. 8 -OSAL 31-).
En referencia a las categorías interculturalidad y plurinacionalidad, debemos mencionar lo avanzada y operativa que resulta la actual Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2.008) en cuanto a la protección de los Derechos Humanos de tercera generación referidos a los indígenas y campesinos y lo programáticas -desde el punto de vista práctico- que resultan las Constituciones argentina (1.994) y salteña (1.998).
Sin ánimo de realizar un estudio comparativo constitucional, sino a modo ejemplificativo y para que se entienda la idea que aquí se expresa, podemos mencionar las siguientes partes de las Constituciones antes referidas:
En cuanto a los Derechos Humanos de tercera generación referidos a los indígenas y campesinos, la Nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia del año 2.008, aparece como la más operativa de las analizadas.
En primer lugar, identifica al hermano y vecino Estado como: “Bolivia: Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” (Nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Art. 1, año 2.008).
En segundo lugar, aparecen en ella varios puntos sobresalientes y novedosos, entre los que podemos resaltar los siguientes: una cuota de parlamentarios indígenas; un sistema judicial indígena campesino (al mismo nivel que la justicia ordinaria); un nuevo tribunal constitucional plurinacional (que tendrá que elegir miembros de los dos sistemas); el derecho a la autonomía y el autogobierno indígena (junto con el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones); la propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su comunidad.
Por su parte, la Constitución Nacional (1.994) aparece como más programática respecto a su par boliviana, ya que su art. 75, al establecer las atribuciones del Congreso Nacional dice: “…Corresponde al Congreso: 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (la letra negrita nos pertenece).
La Constitución de la Provincia de Salta (1.998) también aparece como más programática respecto a su par boliviana, ya que en su art. 15 dice: “Pueblos indígenas. I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.” (la letra negrita nos pertenece).
El uso de diferentes verbos, como pueden ser: reconocer, garantizar, asegurar, regular y generar, que podemos encontrar tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Salta, simplemente se transforman en una mera Carta de intenciones si no se crean expresamente los mecanismos e  instrumentos necesarios para que tal programación normativa se torne operativa.
CONCLUSIONES
Luego de lo expresado, podemos elaborar las siguientes conclusiones:
a) La autoridad pública (representada por los tres poderes del Estado) es un área vital de la existencia social;
b) Apropiarse de alguna manifestación de la autoridad pública otorga poder;
c) La oligarquía argentina históricamente ha puesto en funcionamiento un mecanismo de apropiación de ciertas áreas de la autoridad pública;
d) Los Tribunales de Justicia -federales o provinciales- son un área de la autoridad pública;
e) Existe un universo integral -estético, burocrático y ético- que define las características de la mayoría de los Tribunales argentinos;
f) La oligarquía argentina, históricamente obstaculiza el pleno ejercicio de los DDHH, de todo aquel que se encuentra fuera de su sistema de intereses;
g) Es imperioso reinventar nuestros Estados nacionales y provinciales atravesando el umbral que nos conduzca desde los actuales Estados Uninacionales hacia los necesarios Estados Plurinacionales;
h) No es suficiente con incluir verbos tales como: reconocer, garantizar, asegurar, regular y generar en los textos constitucionales de la Nación o de las provincias, si además no se establecen los mecanismos para que tal programación normativa se torne operativa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARGENTINA, República. Constitución de la Nación Argentina, 1.994.
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BOLIVIA, Estado plurinacional de. Nueva constitución política del Estado, 2.008.
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CARO FIGUEROA, Gregorio. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-. Prólogo de Jorge Abelardo Ramos. Buenos Aires: Ediciones del Mar Dulce, 1970. 247 páginas.
FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale.
Disponible en:
HERNÁNDEZ ARREGUI, Juan José. La formación de la conciencia nacional. 1a Ed. Buenos Aires: Continente, 2004. 448 páginas.
QUIJANO, Aníbal. Poder y Derechos Humanos.
Disponible en:
MULEIRO, Vicente. 1976 - El golpe civil. 1a Ed. Buenos Aires: Planeta, 2011. 456 páginas.
PINHEIRO GUIMARÃES, Samuel, 2006 Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder.
Disponible en: http://www.amersur.org.ar/DDHH/Guimaraes0602.htm. (Material no paginado).
RAE (Real Academia Española).
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SACHERI, Eduardo. La pregunta de sus ojos. 1a Ed. Buenos Aires: Galerna, 2005. 296 páginas.
SALTA, Provincia de. Constitución de la Provincia de Salta. 1.998.
Disponible en:
SANTOS, Boaventura de Sousa, 2007. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional”. En: OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre. Disponible en:

EL PODER HISTÓRICO DE LAS OLIGARQUIAS COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS*.

La autoridad pública es un área vital de la existencia social, quien se apropia de esta categoría ejerce poder. La administración de justicia, federal o provincial, como parte de esa autoridad pública, es un territorio pasible de apropiación. Las oligarquías, funcionales a todo poder imperial que operó en Argentina y que conocen este valor estratégico, históricamente han colocado ese mecanismo de apropiación en funcionamiento.

Esto presenta un universo integral: estético, burocrático y ético, que trae como consecuencia la elección e imposición de los Jueces para la Nación que deben fortalecer ese poder. Las oligarquías, atentan y obstaculizan el pleno ejercicio de los DDHH, sobre todo de aquellos que se encuentran fuera de su sistema de intereses. Urge iniciar una tarea consistente en una reconstrucción intercultural que respete y sintetice el encuentro con un verdadero derecho plurinacional. En este trabajo, abordaremos algunos aspectos de esta problemática.

*Ponencia preparada para el X Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011. MScDiego Emiliano Villazón - Institución: Fundación Saltamérica - Instituto de Estudios Comparados en Derechos Humanos de Latinoamérica.

 


 

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se elaboró con el respaldo institucional de la Fundación Saltamérica, más precisamente desde el Instituto de Estudios Comparados en Derechos Humanos de Latinoamérica que funciona en dicha institución y del cual soy Director responsable.

El desarrollo argumental se basó en la presentación de los temas desde lo que Immanuel Kant llama el conocimiento empírico -aquel que procede de la experiencia y comienza con ella- apoyado en un razonamiento inductivo completo, mediante el cual se plantea una opinión que gira en torno a considerar que el pleno desarrollo de los Derechos Humanos encuentra un verdadero obstáculo en el sistema de intereses que representa al poder oligárquico provincial y nacional, que habiéndose apropiado históricamente de la autoridad pública de la administración de la justicia -federal o provincial-, actúa en consecuencia.

La cuestión planteada girará en torno a lo mencionado en el párrafo anterior. Seguramente, la solución de dicha problemática no será ni inmediata ni sencilla, es más, requerirá mucho empeño desde lo político y desde lo institucional. Empero, consideramos que actualmente existen suficientes instrumentos institucionales para lograr solucionar la cuestión planteada, entre los cuales podemos mencionar los Consejos de la Magistratura -nacionales o provinciales-, las Legislaturas Provinciales y el Congreso Nacional.

Como consecuencia de lo expresado, afirmamos que en el actual cuadro de situación, solamente pueden atravesar desde un estado de derecho (común a todos los ciudadanos por su natural condición de tales) hacia un estado de justicia (al que aspiran todos los ciudadanos que recurren a la justicia, desde el momento en que ésta los transforma en justiciables) aquellos que se encuentran dentro del círculo exclusivo que encierra el sistema de intereses antes mencionado.

Las secciones de las que se compone este trabajo son las siguientes: La autoridad pública; el poder administrativo y el poder fáctico; el poder histórico de la oligarquía argentina; el universo integral -estético, burocrático y ético- de muchos tribunales argentinos; el pleno ejercicio de los derechos humanos; la reconstrucción intercultural de un derecho plurinacional.

 

LA AUTORIDAD PÚBLICA

La palabra autoridad, que proviene del término latino auctoritas, a los fines del presente trabajo y con el adjetivo calificativo pública, debe entenderse en términos sociológicos, o sea como la institucionalización del poder. Así, como poder político, la autoridad pública es la facultad de obligar eficazmente a los miembros de una comunidad a cumplir ciertos deberes y aceptar ciertas reglas. Como tal, esta categoría tiene las siguientes características: 1) se relaciona con la moral; 2) implica la posibilidad de un ejercicio coactivo; 3) en sus más altos niveles, ejerce supremacía sobre los demás miembros de la comunidad; 4) es organizada; 5) tiene la facultad de dictar normas jurídicas.

Coincidiendo con Aníbal Quijano, decimos que: “…toda la experiencia social de todas las gentes, en todas partes y en todos los tiempos, da cuenta de que hay siempre una continua disputa por el control de ciertas áreas vitales de la existencia social: 1) El trabajo, sus recursos y sus productos, 2) El sexo, sus recursos y sus productos, 3) La subjetividad, sus recursos y sus productos, 4) La autoridad colectiva (o pública ), sus recursos y sus productos” (Quijano, Aníbal. Poder y Derechos Humanos). (Material no paginado)

Junto al autor citado, podemos decir que esta categoría se presenta como un territorio pasible de apropiación dentro de la comunidad y que quienes logran apropiarse de ella, ejercen lo que los romanos denominaban la potestas (poder político institucionalizado).

En relación a los modos de ejercer el control antes referido, claramente Quijano expresa: “El control se ejerce, primero, sobre las conductas, luego sobre las instituciones y las estructuras. Esto es, unos imponen sobre otros las conductas y las relaciones correspondientes y ganan de ese modo el control de una o más o todas esas áreas de la existencia social”. (Quijano, Aníbal. Poder y Derechos Humanos). (Material no paginado)

En la presente ponencia, sostenemos que el poder oligárquico argentino ejerce un control directo (designación sin Concurso Público de Antecedentes y oposición, imponiendo jueces ad hoc a perpetuidad, inclusive una vez finalizado un Concurso Público) e indirecto (designación mediante Concursos Públicos donde el mecanismo de ternas que genera una evidente discriminación) sobre la Institución Justicia, mediante la apropiación de la potestas decisoria, ya sea en el ámbito de la justicia federal o provincial, lo cual se puede apreciar claramente en cuanto a los mecanismos de designación de Magistrados, Funcionarios y Empleados del ámbito judicial.

 


EL PODER ADMINISTRATIVO Y EL PODER FÁCTICO

¿Qué es el poder? ¿Dónde se encuentra? ¿Existen, dentro de nuestra sociedad sectores estratégicos de poder pasibles de apropiación? 

El primer interrogante planteado, es muy difícil de responder, al menos desde la extensión de un trabajo como el que aquí se presenta, no obstante haremos frente al desafío.

La palabra Poder, que etimológicamente proviene del término latino posse, cabe identificarla con diversas categorías conceptuales, según el área de análisis escogida.

Para la filosofía política, el Poder es la capacidad que tiene un individuo o grupo de modificar la conducta de otros individuos o grupos.

En consecuencia, puede decirse que dicha palabra se identifica con los denominados estamentos de poder -Ej: justicia, gobiernos, parlamentos, oligarquías, fuerzas de seguridad, corporaciones religiosas, empresariales y sindicales-. En esta identificación se mezclan por un lado el poder administrativo (o formal) y el poder fáctico (o real).

Primero el filósofo griego Aristóteles -en su reconocida obra titulada Política- y luego el célebre Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu -en su reconocida obra titulada Del espíritu de las leyes-, han dividido al poder estatal en tres secciones. Inclusive, el segundo de ellos nos ha enseñado que la Administración de Justicia está en manos del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes administrativos sobre los cuales se asienta una República.

Las oligarquías ejercen sobre ese poder administrativo en particular, un poder fáctico, que de acuerdo a lo que indica el Diccionario de la Real Academia Española es: “El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee; p. ej., la banca, la Iglesia, la prensa”.

Al segundo interrogante, conforme ya hemos expresado, podemos responder que el poder se encuentra en los diversos estamentos de nuestra sociedad, pero siguiendo a Michel Foucault, decimos además que es necesario indagar ¿por qué medios se ejerce el poder? y además, ¿qué sucede cuando los individuos ejercen el poder sobre otros?

El autor mencionado enseña al respecto que: “…lo que caracteriza al poder que estamos analizando es que este pone en juego las relaciones entre los individuos (o entre grupos). Para no engañarnos a nosotros mismos, si hablamos de las estructuras o los mecanismos del poder, es sólo en tanto suponemos que ciertas personas ejercen el poder sobre otros”. (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).

En cuanto al tercer interrogante, respecto a las estrategias de poder, coincidimos con Foucault en que: “La dominación es de hecho una estructura general de poder de la cual sus ramificaciones y consecuencias pueden, a veces, aparecer descendiendo a las más incalcitrantes fibras de la sociedad. Pero al mismo tiempo, es una situación estratégica más o menos apropiada de hecho y consolidada por medios de una confrontación a largo plazo entre adversarios” (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).

Asimismo, coincidimos en que: “…lo que constituye a la dominación de un grupo, una casta, o una clase, junto a la resistencia y revueltas que esta dominación encuentra, un fenómeno central de la historia de las sociedades, es que el entrecruzamiento entre las relaciones de poder con relaciones de estrategias y los resultados procedentes de su interacción se manifiestan en una forma masiva y universalizada”. (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).

No obstante las coincidencias apuntadas, nos permitimos agregar que a nuestro modo de ver, la oligarquía argentina es precisamente quien históricamente se ha apropiado del sector estratégico de la autoridad pública que denominamos administración de justicia y que forma parte del presente análisis. Y decimos que la denominamos administración de justicia, porque consideramos que deberíamos llamarla administración del derecho, pues siendo la Justicia una virtud, difícilmente pueda ser administrada por algún ser humano, independientemente del hecho de ser este ciudadano considerado idóneo mediante la titulación de abogado y -en el mejor de los casos-, la calificación que significa haber obtenido el cargo mediante concurso público de antecedentes y oposición.

 

EL PODER HISTÓRICO DE LA OLIGARQUÍA ARGENTINA

La palabra oligarquía, que etimológicamente deriva de los términos griegos oligos -poco- y arché -poder-, ya nos trae una referencia clara acerca del significado de la categoría analizada.

Los griegos diferenciaban esta forma de poder concentrado en unos pocos ciudadanos privilegiados, de otras similares tales como la aristocracia nobiliaria -donde el poder deriva del nacimiento- o la aristocracia gubernamental -donde el poder deriva de ciertas cualidades sobresalientes de los gobiernos-.

Platón y Aristóteles -este último en su obra Política- consideraban a la oligarquía como una desviación de la aristocracia que tenía en cuenta sólo el interés particular de los ricos. Inclusive, que podría devenir en una tiranía.

Nuestro país, históricamente ha sabido de la presencia del poder oligárquico y del accionar de éste en favor de sus exclusivos intereses por encima de los intereses del conjunto de la sociedad.

A modo de primer ejemplo y en el espíritu de homenajear a quien sin dudas es un verdadero héroe de la emancipación nacional y suramericana, vale traer a colación lo que relata el escritor salteño Gregorio Caro Figueroa en su libro Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas- respecto a cómo fue que el poder oligárquico salteño logró quitarse de encima al General Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, cuando bajo el título “La oligarquía asesina a Güemes” relata que: “La oligarquía se hallaba resentida porque sus intereses económicos habían sido tocados y sólo ansiaba una paz que le permitiese volver a comerciar y engordar y para ello había que terminar con la obstinada actitud del jefe gaucho.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 65).

Las razones del odio visceral que le generaba la figura del héroe gaucho al poder oligárquico, se pueden apreciar claramente en esta parte del citado texto: “…Güemes elaboró su Fuero Militar de los Gauchos, que comenzó a aplicarse a partir de 1.818. Mediante este ‘Fuero’, el gobierno eximía de la obligación del pago de arriendos a los gauchos en pie de guerra. Estaban, además, exentos del pago de deuda de cualquier especie. Tal medida provocó la violenta reacción de los propietarios, ahondándose el abismo que mediaba entre ese sector y el gobernador”; “La oligarquía rechazaba el ‘Fuero gaucho’ y por boca de un opositor a Güemes sostenía que tal disposición ‘despojaba a la gran mayoría de los propietarios de la provincia de sus bienes (pues mediante él) se dispensó a los gauchos de pagar arriendo a los propietarios de las tierras que ocupaban.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 65/66).

En relación a la funcionalidad de la oligarquía salteña respecto al enemigo imperial y referido a la metodología utilizada para lograr su cometido, el citado autor relata que: “Dos conspiraciones, en 1.817 y otra mayor en 1.819, preanunciaban un golpe artero de esos intereses. En ambas ocasiones Güemes desbarata las maniobras y comprueba que en ellas hallábanse mezclados intereses que conectaban directamente a la oligarquía con los españoles.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 67).

El preludio del final anunciado para el héroe Güemes, es relatado en éstos términos en el libro ya citado: “Esos intentos cuajarán solamente cuando Güemes, fuera de la ciudad por el conflicto con la República del Tucumán, deja el gobierno. Los cabildantes de la Patria Nueva en la creencia de la derrota militar del caudillo y su posible muerte desbordaron en valentía y arrojo combativo, que se contrajo tímidamente cuando Güemes al frente de sus tropas desbarató la intentona de los ‘comerciantes’. Dicha rebelión fue encabezada por Dámaso de Uriburu, y nombró por Gobernador Intendente a Saturnino Saravia, siendo comandante general de armas Antonio Fernández Cornejo.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 68).

Para graficar el estado de ánimo exultante de la oligarquía en aquel momento, el autor relata: “…en carta a Bernabé Aráoz ‘sacudió en fin esta provincia el abominable yugo del cruel Güemes, monstruo entre tiranos a esfuerzos de sus incontrastables sentimientos. Tanto arrojo verbal no se correspondía con los hechos. Al entrar Güemes a la ciudad el pueblo saludó su presencia, lo cual bastó para que la conspiración institucionalizada por algunas horas cayese como castillo de naipes.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 68).

En cuanto a la emboscada que sufre el héroe gaucho, relata el autor que: “La oligarquía se aliaba con Olañeta, el coronel Arias propone en una carta ‘hacer las paces con los españoles en la primera vez que cargue el enemigo, nos presentamos todos e imploramos perdón al Rey”; “Olañeta se aproximó a Salta y con la ayuda de emigrados salteños sorteó escollos, se introdujo por ocultos atajos y cayó sobre la ciudad con una cautela que hizo imperceptible su presencia, un pequeña partida cobijada por la espesura de la noche se había apostado en las cercanías de la casa donde Güemes se hallaba, siendo baleado es noche del 7 de junio. Diez días después caía el jefe gaucho en un campamento cercano a la ciudad. Toda la oligarquía se regocijaba por el crimen. Los porteños también…”  (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 69).

Cabe preguntarnos entonces, si los intereses oligárquicos pudieron atreverse a asesinar a un Gobernador y héroe de la altura del Gral. Martín Miguel de Güemes (actitud magnicida que luego se repetiría con otro ilustre salteño como ha sido el Dr. Miguel Ragone, único Gobernador argentino desaparecido previo a la última dictadura cívico-militar argentina y cuyo Juicio Oral recién se está llevando a cabo en estos días, luego de treinta y cinco años de su desaparición con presunción de muerte) ¿qué puede esperar de esos administradores de justicia aquel ciudadano carente de recursos y excluido del sistema de intereses que protege la oligarquía y mediante el cual ejerce, entre otros, el poder de la administración de la justicia federal y provincial?. REALMENTE MUY POCO O NADA.

Un segundo ejemplo acerca de la presencia histórica del poder oligárquico en nuestro país, lo podemos encontrar junto a Juan José Hernández Arregui, quien en su libro La formación de la conciencia nacional, expresa que: “El poderío de la oligarquía terrateniente no es exclusivamente material. Su  influencia es más bien impersonal. Penetra como un pólipo todas las instituciones -económicas, jurídicas, educativas, políticas, financieras, religiosas, militares- y así, este poder incorpóreo impregna y unifica alrededor de su centro organizador, la estancia, la espiritualidad de toda la Nación. La fuerza de la oligarquía radica en que como minoría empedernida tiene espíritu de cuerpo. Su conciencia es cerrada; su liberalismo, la máscara fría de su soledad histórica, de la intolerancia frente a todo lo que amenaza su estilo de vida.” (Hernández Arregui. La formación de la conciencia nacional, p. 49).

Un tercer ejemplo y más actual en cuanto a lo que estamos tratando, lo podemos encontrar en el libro: 1976 - El golpe civil, de Vicente Muleiro, quien en diversas partes de su obra destaca el nexo entre el poder real y la oligarquía en nuestro país.

En referencia a la presión desestabilizadora o histórica actitud destituyente que puede ejercer este poder oligárquico, el autor se remonta a los años 70’s y menciona que: “La confluencia patronal ampliada -la APEGE- se presentó en público con el pronunciamiento de 1.975. Allí decía que: ‘la Nación está travesando una de las más graves crisis de la historia’ y condenaba la ‘inflación desenfrenada, desabastecimiento, virtual cesación de pagos en el sector externo, quiebra empresaria, desocupación, paralización de la inversión y, sobre todo, una gangrena corruptiva que invade todas las expresiones de la relación social argentina’ ante lo cual se imponían ‘soluciones genuinas, fundadas en normas de conducta económica que tienen universal e invariable validez’…El 22 de octubre apareció otra nota donde la puntualidad de los reclamos comenzó a evidenciar las líneas del futuro plan dictatorial, con pedidos de ‘recortes al gasto público’, potestad a los productores para fijar los precios del agro, revisión del esquema impositivo y una nueva ley de inversiones extranjeras” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 129).

Como para trazar un paralelismo reincidente entre la porción de historia que antecede y lo que ocurrió en nuestro país en el año 2.008, durante el mal llamado conflicto con el campo -que técnicamente fue un lock out o paro patronal-, cabe resaltar que desde el 3 de marzo de 1.975, las entidades agropecuarias hicieron cinco paros nacionales y que éstas entidades -luego miembros constitutivos de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias- fueron las siguientes: Sociedad Rural Argentina (S. R. A.), Confederaciones Rurales Argentinas (C. R. A.), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Con. In. Agro.) y Federación Agraria Argentina (F. A. A.). El último de estos paros nacionales se realizó el 16 de febrero de 1.976. El plan más trágico que haya sufrido nuestro país ya estaba en marcha. O sea ayer y hoy, la oligarquía nacional tuvo y tiene la misma actitud desestabilizadora.

Respecto a la participación activa de la oligarquía en las corporaciones de poder y en cuanto al tema específico de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país a partir de 1.976, al referirse al Colegio de Abogados de Buenos Aires, el autor citado menciona que: “El Colegio de Abogados de Buenos Aires, que tuvo entre sus presidentes a Durrieu (2005) y tiene, entre otros, a Rodríguez Varela como socio, se despertó en 2008 con una abundante producción panfletaria contra el modelo económico que rige desde 2003 y contra la política de derechos humanos. En esta línea no cesa de pedir, como veremos en otras instituciones afines, que ‘las figuras internacionales como lesa humanidad deben aplicarse con cautela y objetividad para evitar que se conviertan en herramientas ideológicas de venganza o funcionales a la lucha política”. (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 361).

 

EL UNIVERSO INTEGRAL -ESTÉTICO, BUROCRÁTICO Y ÉTICO- DE MUCHOS TRIBUNALES ARGENTINOS

El libro de Eduardo Sacheri titulado La pregunta de sus ojos, que diera lugar a la película argentina ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el año 2.010, dirigida por el argentino Juan José Campanella, titulada El secreto de sus ojos es la representación más acabada de la estética que actualmente se encuentra en la mayoría de los Tribunales Federales de nuestro país.

En cuanto a esta estética particular que exhibe el Poder Judicial de la Nación en nuestro país y referido al tema específico de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país a partir de 1.976, Vicente Muleiro, en su libro 1976 - El golpe civil, relata que: “En varias regiones del país el juego social conservador, la cualidad de intocables de las ‘buenas familias’ que suelen integrar los jueces, la complicidad y la inacción de los fueros de raigambre autoritaria, parecían hacer imposible el juzgamiento, siquiera, de casos emblemáticos donde algunos jueces se comportaron con una ferocidad que negaba de plano su profesión mediatizadora de los conflictos humanos.” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 367).

De manera acertada y contundente, el autor citado resalta que: “Con los juicios, las redes de la participación civil en delitos de lesa humanidad y en delitos económicos se abren. De un modo incontrastable, el Poder Judicial es el que aporta más cómplices, sacando a relucir una de las deudas mayores que la democracia acumulaba consigo misma, aún cerca de las tres décadas de su recuperación. La extensión de los juicios a gran parte del territorio nacional seguirá demostrando esta propensión estrictamente emparentada con el mal en la Argentina.” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 371).

 

EL PLENO EJERCICIO DE LOS DDHH

Sin intentar dar una definición acabada acerca de lo que son los Derechos Humanos -pues reconocemos que tal tarea excedería los límites de este trabajo-, podemos decir que la categoría engloba un conjunto de facultades, atribuciones y prerrogativas de las que somos sujetos activos los seres humanos por nuestra natural condición de tales y de la que son sujetos pasivos -en mayor medida- los Estados y -en menor medida- el resto de las personas que coexisten con nosotros en cada sociedad.

A modo de mención, podemos decir que tales facultades, se encuentran clasificadas en doctrina en dos grandes segmentos: el primer segmento los clasifica en derechos positivos (mediante los cuales se les impone a otros sujetos, tradicionalmente -aunque ya no de manera exclusiva- el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Ej.: Derecho a la integridad personal; Derecho a la igualdad; Derecho al honor; Derechos económicos, sociales y culturales; entre otros) y derechos negativos (que se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia. Ej.: Derecho a la intimidad; Derecho al honor; Derecho a la libertad personal; Derecho a la libertad de religión; Derecho a la libertad de propiedad; Derecho a la libertad de pensamiento y expresión; entre otros). El segundo segmento los clasifica generacionalmente (según el momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación). Así, se pueden encontrar hasta cinco generaciones de Derechos Humanos, a saber:

Derechos Humanos de primera generación: son los denominados derechos civiles y políticos (vinculados con el principio de libertad). Se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada;

Derechos Humanos de segunda generación: son los denominados derechos económicos, sociales y culturales (vinculados con el principio de igualdad). Exigen la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones. Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación;

Derechos Humanos de tercera generación: Se vinculan con la solidaridad (o fraternidad). Algunos de ellos son: a) paz, b) libre determinación de los pueblos, c) calidad de vida, d) garantías frente a la manipulación genética;

Derechos Humanos de cuarta generación: Su contenido no es claro. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta: a) derecho al medio ambiente, b) bioética, c) nuevas tecnologías;

Derechos Humanos de quinta generación: Relativos al control del cuerpo y la organización genética de uno mismo.

Hablar de la plenitud de un derecho es algo que se encuentra estrechamente ligado a las posibilidades de su ejercicio efectivo, de lo contrario, tórnanse meras declamaciones teóricas. Conforme nuestra Constitución Nacional, todos los ciudadanos tienen el derecho del acceso a la justicia en defensa de sus intereses -personales o patrimoniales-, pero en la praxis no todos pueden ejercer efectivamente ese derecho. Pensemos en las minorías -indígenas, rurales, sexuales, etarias, de residentes extranjeros, etc.- que muchas veces no tienen ni las posibilidades económicas ni educativas de llegar hasta donde está la Justicia. El hecho de residir en lugares distantes de los centros urbanos donde se ubican los Tribunales del Poder Judicial -federal o provincial-, puede aparecer como un ejemplo muy sencillo de explicar, pero no por ello, menos contundente. Otro ejemplo, está dado por la inmensa brecha social existente entre estas minorías y la estética propia de los Tribunales -federales y provinciales-, que las aleja aún más del lugar donde está la Justicia. Estas circunstancias mencionadas a modo de sencillos ejemplos, sin dudas generan ciudadanos de primera y de segunda clase.

Por ello afirmamos que el pleno ejercicio de los Derechos Humanos no siempre se materializa, no obstante que los mismos puedan tener -en el mejor de los casos- rango constitucional e inclusive protección internacional.

Nuestro país, más allá de los innegables avances en materia de políticas reparatorias iniciados desde el año 2.005 por lo que significan los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, se encuentra en una mala posición ante los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no solamente esa deuda pendiente existe en nuestro país en materia de Derechos Humanos.

Coincidimos con Samuel Pinheiro Guimarães, quien en su artículo titulado Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder, de febrero de 2.006, manifiesta que: “La concentración de poder de cualquier tipo, a veces simultánea, en varias esferas e interdependiente, consagrada por la legislación, contra ciertos grupos de la población, reforzaron históricamente su situación de inferioridad y despojo y las diferencias entre individuos y grupos sociales. Se crearon así los estereotipos que contribuyeron a justificar y a perpetuar la discriminación y la concentración de poder, inclusive en el imaginario de los propios oprimidos, legitimando las violaciones de los derechos de estos grupos y la impunidad de los violadores. La violación de los derechos humanos no es una cuestión de educación o de cultura de las poblaciones, como lo comprueba el caso de la Alemania nazi, sino que resulta de la tentativa de crear, aumentar o mantener situaciones de privilegio, que la concentración de poder permite usufructuar a sus beneficiarios.” (Pinheiro Guimarães. Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder. Material no paginado).

También lo hacemos respecto a lo que expresa este autor en los siguientes términos: “En el pasado y aún en el presente, la legislación consagró situaciones discriminatorias porque la concentración de poder político hacía que los legisladores fuesen, en su mayoría, representantes de los grupos que concentraban el poder económico y social. Los beneficios de la concentración de poder se traducen en las normas y en las instituciones que constituyen el Estado. La ley y el Estado contribuyen a la citada concentración, la cual, dada la situación inicial de extraordinarias disparidades, tiende a acentuarse en perjuicio de los grupos oprimidos, a pesar de que individuos aislados pueden ascender socialmente y escapar de esa situación. Esto es utilizado como prueba por las teorías de la movilidad social y de la educación como solución. Por otro lado, los que estuvieron encargados de implementar tal legislación fueron y continúan siendo igualmente elegidos por el proceso político, en el cual los beneficiarios de la concentración de poder tienen una gran o prevaleciente influencia.” (Pinheiro Guimarães. Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder. Material no paginado).

En la actualidad, la promoción y protección de los Derechos Humanos está llamada a abarcar no solamente las violaciones individuales a estos derechos, sino también a reivindicar las políticas reparatorias y de castigo mediante la instauración de verdaderas políticas públicas de desconcentración del poder, en sus diversas manifestaciones.

También coincidimos con Pinheiro Guimarães en que así como se han creado mecanismos legales de evaluación de proyectos productivos para verificar, antes de ser implementados, su impacto ambiental, sería razonable establecer que las políticas públicas sean sometidas a un proceso de evaluación de impacto sobre los derechos humanos, cuando son formuladas y antes de su implementación.

 

RECONSTRUCCIÓN INTERCULTURAL DE UN DERECHO PLURINACIONAL

En relación al concepto de plurinacionalidad, coincidimos con Baoventura de Souza Santos cuando en su artículo La reinvención del Estado y el Estado plurinacional nos enseña que: “La idea de plurinacionalidad es hoy consensual en bastantes estados del mundo. Existen bastantes estados plurinacionales. Canadá es plurinacional, Suiza es plurinacional, Bélgica es plurinacional. Históricamente hay dos conceptos de nación. El primero es el concepto liberal que hace referencia a la coincidencia entre nación y Estado; es decir, la nación como el conjunto de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado y, por ende, los Estados modernos se llaman Estado-nación: una nación, un Estado. Pero hay otro concepto, un concepto comunitario no liberal de nación, que no conlleva consigo necesariamente al Estado. Por ejemplo, los alemanes fueron en Europa central y oriental durante mucho tiempo una nación sin Estado, porque su identidad era una identidad cultural y no política. Aquí podemos ver que esta segunda tradición de nación, la tradición comunitaria, es la que han desarrollado los pueblos indígenas. Este concepto de nación conlleva un concepto de autodeterminación, pero no de independencia. Nunca los pueblos indígenas han reivindicado, ni en el mismo Canadá, la independencia…” (Santos. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional, p. 8 -OSAL 31-).

En cuanto a la interculturalidad, también coincidimos con Baoventura de Souza Santos cuando expresa que: “La interculturalidad tiene esta característica que no es simplemente cultural, sino también política, y presupone, además, una cultura común. No hay interculturalidad si no hay una cultura común, una cultura compartida.” (Santos. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional, p. 8 -OSAL 31-). 

En referencia a las categorías interculturalidad y plurinacionalidad, debemos mencionar lo avanzada y operativa que resulta la actual Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2.008) en cuanto a la protección de los Derechos Humanos de tercera generación referidos a los indígenas y campesinos y lo programáticas -desde el punto de vista práctico- que resultan las Constituciones argentina (1.994) y salteña (1.998).

Sin ánimo de realizar un estudio comparativo constitucional, sino a modo ejemplificativo y para que se entienda la idea que aquí se expresa, podemos mencionar las siguientes partes de las Constituciones antes referidas:

En cuanto a los Derechos Humanos de tercera generación referidos a los indígenas y campesinos, la Nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia del año 2.008, aparece como la más operativa de las analizadas.

En primer lugar, identifica al hermano y vecino Estado como: “Bolivia: Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” (Nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Art. 1, año 2.008). 

En segundo lugar, aparecen en ella varios puntos sobresalientes y novedosos, entre los que podemos resaltar los siguientes: una cuota de parlamentarios indígenas; un sistema judicial indígena campesino (al mismo nivel que la justicia ordinaria); un nuevo tribunal constitucional plurinacional (que tendrá que elegir miembros de los dos sistemas); el derecho a la autonomía y el autogobierno indígena (junto con el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones); la propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su comunidad.

Por su parte, la Constitución Nacional (1.994) aparece como más programática respecto a su par boliviana, ya que su art. 75, al establecer las atribuciones del Congreso Nacional dice: “…Corresponde al Congreso: 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (la letra negrita nos pertenece).

La Constitución de la Provincia de Salta (1.998) también aparece como más programática respecto a su par boliviana, ya que en su art. 15 dice: “Pueblos indígenas. I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.” (la letra negrita nos pertenece).

El uso de diferentes verbos, como pueden ser: reconocer, garantizar, asegurar, regular y generar, que podemos encontrar tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Salta, simplemente se transforman en una mera Carta de intenciones si no se crean expresamente los mecanismos e  instrumentos necesarios para que tal programación normativa se torne operativa.

 

CONCLUSIONES

Luego de lo expresado, podemos elaborar las siguientes conclusiones:

La autoridad pública (representada por los tres poderes del Estado) es un área vital de la existencia social;

Apropiarse de alguna manifestación de la autoridad pública otorga poder;

La oligarquía argentina históricamente ha puesto en funcionamiento un mecanismo de apropiación de ciertas áreas de la autoridad pública;

Los Tribunales de Justicia -federales o provinciales- son un área de la autoridad pública;

Existe un universo integral -estético, burocrático y ético- que define las características de la mayoría de los Tribunales argentinos;

La oligarquía argentina, históricamente obstaculiza el pleno ejercicio de los DDHH, de todo aquel que se encuentra fuera de su sistema de intereses;

Es imperioso reinventar nuestros Estados nacionales y provinciales atravesando el umbral que nos conduzca desde los actuales Estados Uninacionales hacia los necesarios Estados Plurinacionales;

 No es suficiente con incluir verbos tales como: reconocer, garantizar, asegurar, regular y generar en los textos constitucionales de la Nación o de las provincias, si además no se establecen los mecanismos para que tal programación normativa se torne operativa.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Disponible en:

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SALTA, Provincia de. Constitución de la Provincia de Salta. 1.998.

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http://www.camdipsalta.gov.ar/conprov.htm.

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http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf.